La gestión de la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, vuelve a los tribunales. La plataforma Alianza Incineradora Valdemingómez No presentó una denuncia el 23 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la autorización ambiental de la planta y solicitó medidas provisionales para evaluar sus posibles efectos en el entorno. La iniciativa abre una nueva fase de una controversia vecinal que lleva años sobre la mesa, pero no implica que el tribunal haya revocado el permiso ni que haya declarado probado un daño para la salud.
La noticia interesa a quienes viven en Villa de Vallecas y en otros municipios y barrios del sureste, porque Las Lomas trata residuos de Madrid y de localidades cercanas. La presentación judicial todavía no modifica las condiciones del servicio. Por ahora, lo que ha ocurrido es el inicio de un procedimiento, no una resolución sobre las acusaciones de la plataforma.
Qué pide la plataforma y qué falta por resolver
La Alianza solicita que se revoque la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que se adopten medidas cautelares mientras se examina el caso. La AAI es el permiso que fija las condiciones ambientales de funcionamiento de una instalación industrial. La denuncia sostiene que la planta incumple algunas de esas condiciones, entre ellas los límites de almacenamiento de residuos y las reglas de operación de los hornos. También cuestiona el sistema de medición de emisiones.
Estas afirmaciones son alegaciones de quienes han acudido a la justicia. No equivalen a una inspección que las haya confirmado ni a una sentencia. El Ayuntamiento de Madrid mantiene que Las Lomas funciona de acuerdo con la normativa ambiental y que los estudios municipales no permiten afirmar que exista un indicio de riesgo para la salud en las zonas próximas. Por eso, el punto práctico para los residentes es seguir la tramitación del procedimiento y las comprobaciones ambientales, sin convertir las denuncias en conclusiones médicas sobre personas concretas.
La petición de medidas provisionales tampoco supone por sí sola que la actividad vaya a interrumpirse. El tribunal debe decidir qué respuesta procesal corresponde. Hasta que exista una decisión judicial o administrativa que cambie las condiciones vigentes, la denuncia no modifica el funcionamiento del servicio.
Una instalación que forma parte de la gestión de residuos
Las Lomas es una de las plantas del Parque Tecnológico de Valdemingómez. En ella se recuperan materiales y se someten a valorización energética residuos que no se separan para otros usos. En febrero, el Ayuntamiento autorizó la concesión del servicio y fijó obligaciones de renovación de instalaciones, maquinaria y sistemas de control ambiental.
Ese contrato explica por qué la discusión sobre la licencia no es solo una cuestión técnica. Afecta a cómo se supervisará una infraestructura que seguirá prestando servicio durante años y a qué controles se exigirán durante ese periodo. La inversión anunciada por el Consistorio se dirige a modernizar la planta, pero no resuelve por sí misma el desacuerdo entre la plataforma y el Ayuntamiento sobre el estado actual de las instalaciones o el alcance de sus emisiones.
El debate tampoco debe confundirse con la política general de residuos de la ciudad. La incineración con recuperación de energía se aplica a una fracción del flujo que llega a la planta. La documentación municipal presenta el tratamiento como parte de una cadena que incluye clasificación, recuperación de materiales y gestión de los rechazos. Para los hogares, la separación correcta de residuos sigue siendo una actuación cotidiana distinta del litigio sobre la autorización de Las Lomas.
Qué obligaciones ambientales fija el contrato
El contrato municipal de concesión aprobado en febrero establece que la empresa adjudicataria deberá cumplir los límites de emisión incluidos en la Autorización Ambiental Integrada y minimizar los efectos de la actividad en el entorno. Entre las obligaciones figura presentar un plan de gestión medioambiental con medidas para controlar y reducir esas afecciones. También incluye la renovación de los equipos de control de emisiones.
Esas condiciones describen lo que la concesionaria tendrá que cumplir durante el nuevo periodo de gestión. No prueban ni refutan las irregularidades denunciadas ahora por la plataforma. Tampoco equivalen a una evaluación sanitaria. Para responder a las acusaciones concretas harán falta las comprobaciones técnicas y las decisiones de las autoridades competentes, además de lo que determine el procedimiento judicial.
La ficha pública del Ayuntamiento mantiene reunida la Autorización Ambiental Integrada de Las Lomas y enumera sus modificaciones, incluida una modificación fechada en abril. Es el documento de referencia para conocer las condiciones formales que la planta debe respetar. La denuncia pide revisar ese marco, mientras que la discusión judicial determinará si las alegaciones justifican cambiarlo o adoptar medidas provisionales.
La distinción importa para los residentes: hay obligaciones ambientales escritas en el contrato, una denuncia que pide revisar la autorización y una respuesta municipal que defiende el funcionamiento de la planta. Son planos relacionados, pero cada uno aporta una parte distinta de la información.
Qué pueden seguir los vecinos
La evolución de este asunto se podrá valorar con datos y decisiones concretas: si el TSJM admite la demanda, si concede o rechaza las medidas provisionales solicitadas, qué documentación técnica incorpora cada parte y cómo avanzan los controles del entorno. También será relevante que las administraciones expliquen qué parámetros miden, con qué frecuencia y dónde se consultan los resultados.
De momento, no hay una orden de cierre ni un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la denuncia. La presentación ante el TSJM sí traslada formalmente el conflicto a un nuevo ámbito y obliga a distinguir entre las reclamaciones de los vecinos, la respuesta municipal y las conclusiones que pueda alcanzar el tribunal. Para quienes viven cerca de Valdemingómez, esa diferencia ayuda a saber qué ha cambiado con la presentación: se ha iniciado un procedimiento, mientras el permiso y la operación de la planta siguen vigentes.
