Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid están llamadas a una huelga los días 4 y 5 de noviembre. La Coordinadora en defensa de la Universidad Pública anunció el paro el 22 de octubre y lo dirige al estudiantado y al personal docente, investigador y de administración y servicios de la Universidad de Alcalá, la Autónoma, la Complutense, la Carlos III, la Politécnica y la Rey Juan Carlos.

La convocatoria plantea dos bloques de reivindicaciones: financiación suficiente para los campus y garantías para el ejercicio de los derechos políticos de estudiantes y trabajadores. La Coordinadora relaciona esta última demanda con las intervenciones policiales en movilizaciones recientes. Para quien estudia o trabaja en una de estas universidades, la fecha ya está fijada, pero el anuncio no permite deducir por sí solo qué clases, exámenes o servicios concretos se interrumpirán en cada centro.

Qué universidades están incluidas y qué se ha convocado

El llamamiento afecta a las seis universidades públicas madrileñas: UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC. Sus nombres corresponden, respectivamente, a Alcalá, Autónoma de Madrid, Complutense, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos. La Coordinadora presentó la convocatoria en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Autónoma el jueves 22 de octubre. También están convocados los estudiantes y las plantillas docentes, investigadoras y de administración y servicios.

El anuncio confirma dos jornadas de huelga, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. No establece un calendario común de clases suspendidas, exámenes aplazados, laboratorios cerrados u horarios reducidos. Las universidades pueden tener actividades distintas según facultad, campus y servicio, de modo que cada comunidad debe consultar las comunicaciones de su propio centro. La asistencia a una actividad universitaria no se puede dar por cancelada por la sola existencia de la convocatoria.

La Coordinadora ha anunciado otras acciones relacionadas con esas jornadas. El 28 de octubre está prevista una concentración ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Durante la semana de huelga se organizarán clases fuera de las aulas bajo la iniciativa "La Uni en la calle". La convocatoria de esas actividades se publica por separado y no sustituye los avisos de cada campus sobre el funcionamiento de sus instalaciones.

Qué deben comprobar estudiantes y trabajadores

Los estudiantes con una prueba, una práctica, una entrega o una actividad de asistencia obligatoria prevista para esas fechas deberían revisar los avisos de su facultad y preguntar a la delegación de estudiantes o al profesorado responsable si no hay instrucciones claras. La convocatoria conjunta no indica qué ocurrirá con cada evaluación. Por eso, conviene conservar cualquier comunicación del centro y confirmar los cambios directamente con la unidad que organiza la actividad.

Quienes trabajan en las universidades pueden seguir los comunicados de su gerencia, centro y representación sindical. La convocatoria se dirige al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios, pero el anuncio público no especifica cómo se organizarán los turnos de biblioteca, laboratorios, atención en secretaría, mantenimiento o servicios de campus. La información operativa tendrá que concretarla cada universidad. Hasta que lo haga, no se puede afirmar que una instalación vaya a cerrar ni que un servicio vaya a mantener su horario habitual.

Esta distinción ayuda también a separar la huelga universitaria de los paros convocados en otros niveles educativos. La protesta del 4 y 5 de noviembre incorpora a los seis campus públicos, mientras que la huelga indefinida del profesorado no universitario sigue su propio calendario y sus propias reivindicaciones. La Coordinadora universitaria ha expresado su apoyo a esa movilización, aunque ambas convocatorias no son el mismo paro.

El debate por la financiación tiene dos lecturas

La Coordinadora sostiene que la financiación pública universitaria de Madrid se mantiene en el 0,4 % del PIB regional y la compara con el objetivo del 1 % que recoge la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), además de las medias nacional y europea que cita en su comunicado. La ley formula ese 1 % como objetivo para el conjunto del Estado, compartido por el Estado, las comunidades autónomas y las universidades. Por tanto, el porcentaje regional y el objetivo estatal tienen ámbitos distintos y no son magnitudes equivalentes. La Coordinadora presenta su cifra como prueba de infrafinanciación y vincula la falta de recursos con el deterioro del servicio público. Son argumentos de los convocantes y explican el motivo de la huelga.

La Comunidad de Madrid, por su parte, aprobó en mayo el modelo de financiación plurianual entre 2026 y 2031. El acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la región reúne tres componentes: 8.958,9 millones de financiación regional, 3.335,7 millones en otros fondos de la Comunidad y 2.496,1 millones en ingresos estimados de las universidades. Las tres partidas suman 14.790,7 millones de euros para el periodo 2026-2031. No todo el total son nuevas transferencias autonómicas. El propio documento señala que las cuantías tienen carácter programático y que su aplicación efectiva depende de los créditos que aprueben cada año los presupuestos autonómicos.

La cifra total y la crítica de la Coordinadora describen aspectos diferentes del desacuerdo. El modelo fija una programación plurianual y clasifica las fuentes de recursos. La reivindicación sindical y estudiantil discute si ese marco será suficiente para cubrir las necesidades de los centros y cómo se distribuyen sus partidas. La convocatoria no anuncia una modificación del acuerdo ni un aumento inmediato de las transferencias. Tampoco resuelve por sí misma el debate sobre qué parte del gasto representa el presupuesto respecto al PIB.

Para la comunidad universitaria, el dato práctico ahora es el calendario: dos días de huelga en todos los campus públicos madrileños, con acciones previas y actividades anunciadas en paralelo. Las preguntas sobre evaluaciones, clases, citas o servicios deberán resolverse con información de cada universidad. Revisar los canales oficiales del centro antes de desplazarse permitirá distinguir una alteración confirmada de una expectativa derivada de la convocatoria.