
La Comunidad de Madrid aprobó una inversión de casi 15 millones de euros para el complejo medioambiental de reciclaje de Loeches. El dinero se distribuiría entre 2026 y 2029 mediante un convenio con la Mancomunidad del Este.
El acuerdo no anunciaba la construcción de una planta nueva ni una ampliación de capacidad. Su efecto principal era acelerar la financiación de una infraestructura que funcionaba a pleno rendimiento desde el 1 de abril de 2021.
De veinte a quince años de financiación
La aportación permitía reducir de veinte a quince años el plazo máximo previsto para financiar el complejo. La contribución autonómica pasaba de 2,8 millones de euros en 2026 a cuatro millones anuales a partir de 2027 y se mantendría hasta 2035.
Los casi 15 millones corresponden al tramo 2026-2029 mencionado en el acuerdo. No deben confundirse con la suma completa de todas las aportaciones hasta 2035 ni presentarse como un desembolso realizado íntegramente el día de la aprobación.
Acortar el calendario financiero puede aliviar la carga de las entidades locales y dar previsibilidad al servicio. No demuestra por sí solo una reducción de tarifas, una mejora ambiental o un aumento de la capacidad: para medir esos efectos serían necesarios presupuestos ejecutados e indicadores operativos posteriores.
La portada muestra una instalación industrial genérica. No reproduce el complejo de Loeches, sus líneas reales o un paisaje identificable del municipio.
Más de 270.000 toneladas al año
La planta tenía capacidad para tratar más de 270.000 toneladas de residuos domésticos anuales. Prestaba servicio a cerca de 733.000 vecinos de 31 municipios integrados en la Mancomunidad del Este.
Capacidad no equivale a volumen efectivamente procesado. La cifra señala el máximo técnico comunicado, mientras que la entrada real depende de la generación de residuos, la recogida municipal, las paradas de mantenimiento y la operación de cada línea.
El número de vecinos tampoco es un recuento de usuarios que visitan la instalación. Describe la población atendida indirectamente por el sistema de tratamiento de los residuos recogidos en sus municipios.
Cinco circuitos de tratamiento
El complejo incluía dos líneas para la fracción resto, la basura que no se separa para reciclaje; una línea de envases ligeros; otra para residuos voluminosos; una planta de compostaje de restos vegetales; y una instalación específica para la fracción orgánica de recogida selectiva.
Esa combinación permite separar materiales recuperables, producir compost y aprovechar energéticamente determinados residuos que no pueden reutilizarse, según la descripción regional. El hecho de disponer de tecnología de tratamiento no garantiza que todo el material se recicle ni elimina la prioridad de reducir, reutilizar y separar correctamente en origen.
Para valorar el rendimiento harían falta tasas verificadas de recuperación, rechazo, compost obtenido, consumo energético, emisiones, olores e incidencias. La nota de financiación no aportaba esos resultados ni una comparación anual.
Un modelo compartido con las mancomunidades
La Comunidad financiaba el 50 % de las inversiones realizadas por entidades locales agrupadas en mancomunidades para tratar residuos, con un máximo de 79 euros por habitante, IVA incluido.
En 2018 había adelantado más de 16 millones de euros para construir el complejo de Loeches. Desde su puesta en marcha destinaba cerca de 2,7 millones anuales a sufragar la instalación. Son aportaciones de etapas distintas: sumar todas sin revisar sus conceptos podría duplicar partidas o mezclar construcción y funcionamiento.
La Estrategia de Economía Circular regional servía de marco al nuevo convenio. Convertir ese marco en resultados exige seguir no solo el dinero comprometido, sino también la prevención de residuos, la calidad de la separación y el destino final de cada fracción.
El acuerdo de agosto resolvía sobre todo un calendario de financiación: casi 15 millones entre 2026 y 2029 y aportaciones de cuatro millones desde 2027. La planta ya operaba, atendía a 31 municipios y declaraba capacidad para más de 270.000 toneladas. Su desempeño ambiental debía comprobarse con datos de explotación, no deducirse del importe aprobado.





