La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid desalojaron durante la madrugada del 3 de noviembre la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. La Delegación del Gobierno cifró en 334 las personas que permanecían en la plaza y comunicó dos detenciones. El campamento llevaba instalado desde el 26 de septiembre, cuando la protesta comenzó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, vecina de 87 años que vivía de alquiler en el distrito de Retiro.

El desalojo del 3 de noviembre puso fin a un campamento que llevaba más de cinco semanas en el centro de Madrid. El recuento oficial se refiere a las 334 personas que seguían en la plaza en ese momento. Antes de la intervención del 3 de noviembre, parte de las comisiones organizadoras ya había abandonado el lugar y había anunciado que trasladaría su actividad a los barrios.

El 3 de noviembre, la intervención comenzó de madrugada y dejó dos detenciones

La hora exacta del desalojo del 3 de noviembre no queda fijada de manera uniforme en las informaciones publicadas ese día. Juan Luis Sánchez, portavoz de la acampada, situó el comienzo a las 2.55. Fuentes policiales lo colocaron en torno a las 3.00. Las crónicas del 3 de noviembre describieron los avisos de los acampados en redes sociales alrededor de las 4.00. Esa última referencia corresponde a la difusión pública del operativo y no permite precisar por sí sola cuándo entraron los agentes en la plaza.

La Delegación informó de dos personas detenidas y relacionó las detenciones con presuntos delitos de desobediencia y resistencia. Fuentes policiales citadas en otra información atribuyeron a una de ellas resistencia y a la otra atentado contra la autoridad. Son calificaciones comunicadas durante el operativo del 3 de noviembre. No equivalen a una condena ni determinan la responsabilidad penal de las personas detenidas.

El dispositivo reunió a 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, según la Delegación. A ellos se sumaron bomberos y servicios sociales. La suma de los dos cuerpos policiales da 400 agentes, una cifra conjunta que no debe confundirse con efectivos de un solo cuerpo.

La retirada del 3 de noviembre también afectó a las pertenencias. Algunos acampados dijeron que los agentes no les permitieron recoger sus enseres antes de desmontar las tiendas. El Ayuntamiento indicó que las tiendas y otros materiales se trasladarían a depósitos municipales para que sus propietarios pudieran reclamarlos.

La Delegación justificó el desalojo del 3 de noviembre como último recurso

En el comunicado sobre el desalojo del 3 de noviembre, la Delegación explicó que al principio consideró la acampada protegida por el derecho fundamental de reunión, porque reunía a personas con una reivindicación común y buscaba dirigirla a los poderes públicos y a la opinión pública. La institución sostuvo que el campamento había cambiado tras permanecer en Sol desde el 26 de septiembre y que había perdido el objetivo con el que empezó.

La secuencia que describe el comunicado incluye dos comunicaciones previas. La primera se remitió el 26 de octubre y planteaba que ya había transcurrido un tiempo razonable para exponer las demandas. El 29 de octubre llegó un segundo requerimiento para desmontar la acampada. Al día siguiente, los interlocutores anunciaron la disolución de las comisiones organizadoras y el fin de la reivindicación inicial, aunque un grupo permaneció en la plaza.

La Delegación añadió que la Jefatura Superior de Policía le había comunicado incidentes y hechos presuntamente delictivos en el interior o en el entorno del campamento. Según la explicación oficial, esos elementos, la permanencia de las instalaciones y el cambio de composición del grupo generaban un peligro para personas y bienes. La institución presentó la intervención como una medida de último recurso y afirmó que se desarrolló sin disturbios ni episodios de violencia.

Esos motivos forman parte de la justificación institucional. Las referencias a hechos presuntamente delictivos proceden de informes policiales citados por la Delegación y no acreditan que las personas desalojadas cometieran delitos. La nota tampoco concreta esos hechos con un balance de personas afectadas o una descripción individual de cada incidente.

Durante el desalojo del 3 de noviembre se denunciaron golpes y gas pimienta

Durante el operativo del 3 de noviembre, la versión de quienes seguían en la plaza fue distinta. La organización de la acampada describió la actuación como violenta y denunció golpes, uso de gas pimienta y personas heridas. Su portavoz relató que la intervención les sorprendió mientras dormían y que algunos no pudieron recuperar sus pertenencias. Estas afirmaciones se atribuyen a participantes y organizadores, no al parte oficial.

La Delegación sostuvo que el desalojo se había producido sin violencia. Su comunicado no ofreció un recuento de lesiones ni respondió con detalle a las denuncias de gas pimienta. Los relatos disponibles, por tanto, no permiten presentar las lesiones alegadas como un dato confirmado por las autoridades ni descartar la denuncia de quienes estuvieron allí. La diferencia entre ambas versiones sigue siendo relevante para valorar cómo se ejecutó la intervención.

La cifra de dos detenidos no resuelve esa discrepancia. Describe el balance policial comunicado por la Delegación, mientras que las acusaciones de golpes y lesiones se refieren al trato recibido por parte de los desalojados. Son aspectos distintos del operativo y deben mantenerse separados.

La Puerta del Sol reabrió el 3 de noviembre al terminar la limpieza

Los operarios municipales retiraron tiendas, toldos y otros materiales del campamento el 3 de noviembre. Durante la limpieza, algunos accesos peatonales a la plaza estuvieron cerrados. La Puerta del Sol reabrió al tránsito peatonal una vez terminados los trabajos.

El desalojo del 3 de noviembre puso fin a la presencia del campamento en Sol, no a la movilización de sus organizadores. El 31 de octubre, las comisiones comunicaron que trasladarían el trabajo a los barrios y concentrarían esfuerzos en la huelga general prevista para el 11 de noviembre. Un grupo de participantes permaneció en la plaza pese a esa decisión. La protesta por la vivienda continúa con otras formas de organización.

El 3 de noviembre, la Delegación comunicó el número de personas desalojadas y detenidas y sostuvo que la actuación fue pacífica. Los participantes denunciaron golpes y lesiones durante la retirada. El campamento ya no está en la plaza, pero la discrepancia sobre el trato recibido en esa intervención sigue abierta.