La Operación Campamento ha superado un nuevo trámite de gestión: la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la constitución de la Junta de Compensación del Área de Planeamiento Específico de las antiguas instalaciones militares. El acuerdo no significa que las 10.700 viviendas previstas estén listas ni fija por sí solo un calendario de entrega, pero sí dota al ámbito de un órgano encargado de ordenar la participación de los propietarios y de impulsar la ejecución conjunta de un desarrollo que lleva décadas formando parte del planeamiento del suroeste de la capital.

El ámbito se encuentra en el distrito de Latina, en el extremo suroeste del casco urbano, con el paseo de Extremadura como eje longitudinal. La superficie total asciende a 2.110.206 metros cuadrados. De esa extensión, 546.786 metros cuadrados corresponden a suelo lucrativo y 1.563.420 se reservan para redes públicas. Ese reparto sitúa el peso del proyecto más allá de los edificios residenciales: la transformación deberá integrar calles, espacios y dotaciones públicas dentro de una pieza urbana de gran tamaño.

Un órgano para gestionar una única unidad de ejecución

La novedad concreta es la constitución de la Junta de Compensación. El planeamiento considera los terrenos suelo urbano no consolidado y establece una única unidad de ejecución mediante el sistema de compensación. En la práctica, el desarrollo necesita coordinar las fincas, los derechos de los propietarios y las obligaciones urbanísticas dentro de un mismo marco de gestión. El Ayuntamiento presenta el acuerdo como un paso necesario para llevar la ordenación aprobada al terreno.

La escritura de constitución se otorgó el 16 de abril de 2026. Incluye la identificación de los propietarios incorporados, las fincas y sus datos registrales, además de la designación de los órganos de gobierno de la junta. El trámite culmina una secuencia administrativa anterior: en septiembre de 2024 el Pleno municipal estimó la iniciativa de gestión presentada por SEPES, y en junio de 2025 la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de estatutos y bases de actuación. Ese acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y quedó firme en vía administrativa, según la información municipal.

La historia del ámbito es mucho más larga. Las instalaciones militares aparecían ya en el Plan General de 1997 y su ordenación fue aprobada por el Pleno en 2009. Después, las resoluciones judiciales que afectaron a distintos desarrollos del Plan General obligaron a revisar el encaje urbanístico. La ordenación vigente quedó configurada como Área de Planeamiento Específico 10.23 RP, con condiciones detalladas y gestión mediante compensación.

10.700 viviendas y tres modalidades de protección

El planeamiento contempla 10.700 viviendas. El Ayuntamiento cifra en 7.000 las que tendrán algún régimen de protección y reserva las 3.700 restantes para vivienda libre. Las protegidas se dividen en 3.800 viviendas de Protección Pública de Precio Limitado, 2.100 de Protección Pública Básica y 1.100 en régimen de alquiler.

El desglose permite entender mejor el anuncio. No se trata de una sola fórmula residencial: conviven dos categorías de vivienda protegida y un bloque específico de alquiler. Las condiciones concretas de acceso, precios, convocatorias y adjudicación dependerán de fases posteriores. Por tanto, el avance urbanístico no equivale todavía a la apertura de solicitudes para futuros residentes.

La edificabilidad total del ámbito es de 1.287.382 metros cuadrados, repartida entre usos residenciales, comerciales y de oficinas. La vivienda concentra 1.134.994 metros cuadrados: 456.520 para vivienda libre y 678.474 sujetos a algún régimen de protección. Se añaden 93.340 metros cuadrados de edificabilidad comercial y 59.048 para oficinas. Esta mezcla busca que el futuro barrio no funcione únicamente como una gran bolsa residencial, aunque la vivienda será claramente su uso dominante.

Qué cambia ahora y qué queda pendiente

Para los vecinos de Campamento y el resto del distrito de Latina, el acuerdo tiene relevancia porque acerca la gestión del proyecto a una fase operativa. La junta puede articular la ejecución de un ámbito con múltiples fincas y derechos, pero aún quedan trabajos urbanísticos, proyectos, obras de servicios y promociones residenciales antes de que el nuevo barrio esté habitado. La noticia es institucional y de gestión, no una fecha de entrega.

Los antecedentes recientes muestran que el proyecto ya había entrado en una etapa material. Telemadrid informó en enero del inicio de nuevas demoliciones en los antiguos cuarteles. Esa actuación y el acuerdo municipal actual pertenecen a planos distintos del mismo proceso: una cosa es despejar físicamente el terreno y otra disponer de la estructura jurídica y urbanística que coordine la ejecución de la nueva ciudad.

La gran superficie destinada a redes públicas será determinante para evaluar el resultado final. No bastará con contar viviendas: habrá que comprobar cómo se resuelven accesos, transporte, equipamientos, zonas verdes y conexiones con los barrios ya existentes. El tamaño del ámbito obliga a observar el proyecto como una ampliación urbana completa y no como una promoción aislada.

Campamento se integra además en una zona sometida a importantes transformaciones, entre ellas las obras de la A-5 y los cambios previstos en la movilidad del suroeste. La llegada de miles de hogares añadirá demanda de transporte, servicios educativos, atención sanitaria, comercio y espacios públicos. El planeamiento reserva usos comerciales y de oficinas, pero la suficiencia y el ritmo de las dotaciones deberán medirse cuando se aprueben y ejecuten los proyectos concretos.

El volumen de vivienda protegida da dimensión metropolitana al desarrollo. Las 7.000 unidades previstas superan por sí solas la escala de muchos barrios completos. Sin embargo, la utilidad real para quienes buscan vivienda dependerá de factores todavía no definidos en este acuerdo: plazos, régimen definitivo de cada promoción, requisitos de acceso, precios y coordinación entre administraciones.

La constitución de la Junta de Compensación no cierra esas preguntas. Sí ordena una parte esencial del proceso y convierte una previsión urbanística de larga duración en una estructura de gestión formal. El seguimiento público deberá centrarse a partir de ahora en hitos verificables: los proyectos de ejecución, el avance de las redes públicas, la urbanización efectiva, la promoción de las viviendas y la publicación de condiciones para las protegidas.

Campamento cuenta ya con el órgano que debe gestionar una única unidad de ejecución de 2,1 millones de metros cuadrados. El diseño mantiene 10.700 viviendas, 7.000 de ellas protegidas, y reserva la mayor parte del suelo a redes públicas. El paso es relevante, pero el nuevo barrio continúa en desarrollo: la distancia entre el acuerdo administrativo y las llaves de una vivienda dependerá de las siguientes fases técnicas, económicas y constructivas.