La Comunidad de Madrid ha aprobado 20,2 millones de euros adicionales para los proyectos sociales de las entidades del Tercer Sector. El Gobierno regional sitúa en 57,7 millones la dotación anual de la convocatoria de 2026, que ya estaba en marcha. El dinero respalda programas dirigidos a personas vulnerables en toda la región, pero no supone una nueva ayuda individual ni abre otra ronda de solicitudes para las entidades.

La convocatoria suma 20,2 millones al crédito de 2026

El Consejo de Gobierno acordó la ampliación el 14 de octubre. La cantidad se añade a los 37,5 millones autorizados en mayo para la misma convocatoria, con lo que la dotación anual asciende a 57,7 millones, según las cifras comunicadas por la Comunidad. El aumento se nutre de fondos vinculados al 0,7 por ciento del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, además de recursos del Plan Corresponsables.

La convocatoria se articula como subvenciones a proyectos de entidades sociales, no como pagos directos a vecinos. La orden de convocatoria fijó el crédito inicial con cargo a tres aplicaciones presupuestarias del programa 232E: 48099, 78099 y 48200. El aumento se incorpora al crédito global de ese procedimiento. La distribución definitiva por proyecto dependerá de la resolución de concesión y del orden de puntuación, de modo que la cifra total no puede atribuirse por igual a cada línea.

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social y Cruz Roja Española podían concurrir con proyectos que se ejecuten en la Comunidad de Madrid. Las organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan comedores sociales también podían presentarse a la línea específica de alimentos y comedores, con las condiciones fijadas para esa sublínea. La convocatoria está dirigida a proyectos de interés general para población en situación de pobreza, exclusión social u otras circunstancias de especial vulnerabilidad.

De la atención a personas vulnerables al cuidado de menores

Las líneas de trabajo cubren necesidades distintas. Entre ellas figuran la atención integral a mujeres, la respuesta a la violencia de género y la trata, los recursos de urgencia e inclusión social, la atención a personas sin hogar y los alimentos y comedores sociales. El programa también contempla acciones para infancia y familias, incluidos menores y jóvenes que están o han estado bajo medidas de protección.

Otras líneas se destinan a la autonomía y la inserción laboral de personas con discapacidad, el apoyo a familiares y cuidadores, y la atención a personas mayores para favorecer que permanezcan en su entorno y hacer frente a la soledad no deseada. También se financian iniciativas de voluntariado e integración social de personas migrantes, asiladas o desplazadas, personas con problemas de adicciones o VIH, población gitana y residentes de Cañada Real y otros asentamientos. La convocatoria incluye, además, proyectos de atención a personas LGTBI.

El Plan Corresponsables forma parte del mismo marco de financiación y comprende actuaciones relacionadas con los cuidados, la conciliación y la corresponsabilidad. La orden detalla condiciones diferentes para cada línea, por lo que pertenecer a uno de esos colectivos no basta por sí solo para obtener una subvención. Las solicitudes se valoran dentro de la convocatoria y se financian por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.

El plazo de solicitud terminó en junio

La ampliación se incorpora a un procedimiento iniciado meses antes. La sede electrónica fija el plazo de presentación entre el 23 de mayo y el 8 de junio de 2026 y mantiene la convocatoria en tramitación. La orden inicial también prevé que un aumento del crédito pueda publicarse sin abrir un nuevo plazo ni reiniciar el cómputo para resolver.

Esto significa que las entidades no pueden presentar ahora un proyecto nuevo por el mero hecho de que el crédito haya aumentado. La ampliación puede servir para atender las solicitudes que ya se registraron. Mientras se resuelve la convocatoria, las entidades no pueden contar ese crédito como una cantidad concedida. El reparto llegará con la resolución posterior, después de revisar los requisitos y puntuar las propuestas.

El plazo máximo ordinario para resolver es de seis meses desde la publicación del extracto de la convocatoria. Mientras el expediente siga en tramitación, las entidades que presentaron una solicitud pueden consultar su estado y las comunicaciones en su Cuenta Digital. La nueva dotación cambia el límite de recursos de la convocatoria, pero no sustituye esa resolución ni convierte automáticamente una solicitud en subvención concedida.

Qué puede cambiar para los servicios de la región

Para quienes utilizan servicios de asociaciones y entidades sociales, el anuncio apunta a más financiación disponible para programas que se desarrollan en municipios de la Comunidad de Madrid. Su efecto concreto dependerá de los proyectos que resulten aprobados, de la cuantía que reciba cada entidad y de las actividades que finalmente ejecute. La decisión no garantiza una plaza, una prestación individual o la continuidad de un servicio concreto.

La diferencia entre crédito aprobado y ayuda concedida es práctica. El Consejo ha ampliado el presupuesto global de una convocatoria pública y, después, la administración debe completar la valoración y publicar el reparto. Hasta que exista esa resolución, los 57,7 millones describen el tamaño anual anunciado para el conjunto de líneas, no un listado de proyectos financiados ni dinero ya ingresado por las entidades.