La Casika ha convocado una manifestación para el sábado 3 de octubre en Móstoles, con tres días de margen respecto a la fecha de desalojo que se ha señalado para el centro social de la calle Montero. La movilización pretende defender la continuidad del espacio y vincula esa reivindicación con el futuro del casco antiguo. El Ayuntamiento ya debatió el asunto en el pleno de septiembre, donde, el 24 de septiembre, una moción para reconocer la trayectoria del centro y explorar alternativas fue rechazada.

La convocatoria del 3 de octubre se enmarca en una campaña de apoyo que se ha activado ante el lanzamiento previsto para el martes 6 de octubre. La fecha procede de los colectivos que respaldan a La Casika y ha sido comunicada también por la asamblea del centro. El Ayuntamiento de Móstoles, en su resumen del pleno, confirma el debate político sobre el espacio, pero no publica en esa nota documentación judicial ni detalles sobre la ejecución. Por eso, el 6 de octubre se presenta como la fecha anunciada para el desalojo, no como una explicación completa del procedimiento.

Qué se ha convocado para el 3 de octubre

La manifestación está anunciada para el sábado 3 de octubre, con tres días de margen respecto a la fecha prevista de lanzamiento. Su lema reúne dos demandas: frenar el desalojo de La Casika y defender el casco antiguo de Móstoles. El planteamiento conecta la continuidad del centro con una discusión más amplia sobre el uso y la conservación de los espacios del municipio, aunque ambas cuestiones tienen cauces y competencias distintos.

La campaña ha difundido actividades y llamamientos de apoyo para reunir respaldo a La Casika. Para quienes viven en Móstoles, la cita tiene una dimensión local concreta: el futuro de un inmueble situado en el centro urbano y de un espacio que ha acogido actividades de grupos sociales y culturales desde 1997. La organización que lo gestiona se define como asamblearia y autogestionada. La propiedad del edificio y la situación de ocupación también forman parte del conflicto, por lo que la continuidad de las actividades no depende únicamente de la participación vecinal.

La información publicada hasta ahora no permite tratar el lanzamiento como una decisión municipal. El desalojo se atribuye a un procedimiento que afecta a la posesión del inmueble, mientras que el pleno discutió una iniciativa política sobre el reconocimiento del centro, la posible protección patrimonial y la búsqueda de vías de diálogo. La votación municipal no suspende por sí misma una actuación judicial. Tampoco el rechazo de la moción equivale a una resolución sobre el valor cultural del edificio.

El pleno rechazó una propuesta de reconocimiento y diálogo

El pleno ordinario de Móstoles se celebró el jueves 24 de septiembre de 2026. Una iniciativa de Más Madrid-Móstoles proponía reconocer la actividad desarrollada por La Casika, poner en valor los espacios autónomos de organización social y cultural, estudiar una posible protección patrimonial del inmueble y explorar alternativas para mantener la actividad.

La propuesta no salió adelante. Más Madrid-Móstoles y Podemos votaron a favor. El PP y Vox lo hicieron en contra, mientras que el PSOE se abstuvo. La nota municipal sobre la sesión recoge el resultado y la explicación general del punto, aunque no detalla en ese texto cada argumento de los grupos. La SER informó de que los partidos que votaron en contra defendieron que la actividad cultural debe desarrollarse dentro de la legalidad y apelaron al derecho de propiedad. El PSOE cuestionó el alcance práctico de algunas medidas y pidió que una eventual protección patrimonial se tradujera en actuaciones concretas de Urbanismo.

La diferencia entre una moción y una resolución sobre el inmueble importa para entender lo ocurrido. La propuesta podía expresar una posición del Ayuntamiento y abrir líneas de trabajo político, pero su rechazo no fija por sí solo la fecha del lanzamiento ni aclara todas las condiciones del proceso. Del mismo modo, una convocatoria ciudadana puede reunir apoyos y hacer visible el debate, pero no altera automáticamente la situación jurídica del edificio.

Un centro social activo desde 1997

La Casika funciona en la calle Montero desde diciembre de 1997. Desde diciembre de 1997 ha servido como lugar de encuentro para colectivos de Móstoles y de otros puntos de la Comunidad de Madrid. En el espacio se han organizado conciertos, teatro, proyecciones, talleres, cursos y reuniones. Esa trayectoria es uno de los argumentos que sus defensores llevaron al debate municipal, junto con la petición de valorar las características del inmueble.

La actividad del centro ha convivido con el desacuerdo sobre su ocupación. Sus integrantes promueven un modelo de gestión colectiva y sus detractores sostienen que no puede ignorarse la propiedad privada ni la legalidad aplicable. Para quienes se acerquen a la manifestación, el caso reúne así dos discusiones diferentes: qué actividades y espacios culturales puede sostener Móstoles, y qué vías existen cuando la continuidad de una iniciativa depende de un edificio cuya posesión está en disputa.

El debate también plantea una cuestión práctica para el casco antiguo. La moción pedía estudiar el posible valor patrimonial de la construcción y abrir un diálogo ante el desalojo. Esas propuestas requieren informes y decisiones administrativas que no se concretan en el resumen del pleno. La nota municipal no anuncia en esa nota municipal un expediente de protección ni un acuerdo para trasladar las actividades a otro lugar.

Qué deben tener en cuenta quienes quieran asistir

La marcha está anunciada para el sábado 3 de octubre y se convoca bajo el lema contra el desalojo y en defensa del casco antiguo. La información consultada no concreta en el comunicado del centro la hora ni el punto exacto de salida, por lo que quienes quieran participar deberían comprobar los canales de la organización para organizar el desplazamiento. La convocatoria de la fecha y el lema sí aparecen en la información difundida por colectivos de apoyo.

La fecha prevista para el lanzamiento es el martes 6 de octubre de 2026. Entre el 3 y el 6 de octubre quedan tres jornadas para conocer si se produce algún cambio en el procedimiento o si aparecen nuevas iniciativas de diálogo. El estado puede variar, de modo que la convocatoria no debe interpretarse como confirmación de que el desalojo se ejecutará exactamente en esos términos.

La disputa mantiene abiertas dos preguntas para Móstoles: si habrá una alternativa que permita continuar la actividad y qué protección, si alguna, puede reconocerse al inmueble. La manifestación hará visible la respuesta ciudadana el 3 de octubre, mientras la fecha comunicada para el lanzamiento continúa prevista para el 6 de octubre. La decisión sobre el edificio dependerá de los pasos administrativos y judiciales que no resuelve la votación plenaria.