La Comunidad de Madrid no cobrará una tasa anual por el uso de las parcelas públicas en las que se construirán las siete primeras residencias y centros de día del plan 40-40. Los cálculos de los expedientes sitúan el ingreso potencial en unos 800.000 euros al año: alrededor de 56 millones durante los 70 años previstos de concesión, o cerca de 60 millones si se extiende a 75. Son importes posibles a lo largo de varias décadas, no dinero que la Administración haya dejado de recibir este año ni una deuda de las empresas adjudicatarias.

El debate afecta a la forma en que se calcula la contraprestación por ceder suelo público. El Gobierno regional sostiene que las concesionarias ya asumirán obligaciones que reducen el valor comercial de cada residencia, entre ellas ofrecer una parte de las plazas a la red pública y construir y gestionar los centros. Para el Ejecutivo, ese servicio compensa con creces la tasa que no se cobrará. La decisión y su cálculo aparecen en la documentación contractual de las primeras licitaciones.

Qué cubre la estimación

La suma anual atribuida a las siete primeras concesiones es de 800.109,54 euros. Multiplicarla por los 70 años de duración da 56,0 millones. Si el plazo llega a 75 años, el resultado ronda los 60,0 millones. La diferencia depende de cinco años adicionales de explotación y de que se mantenga constante la estimación anual. En ningún caso ese cálculo equivale a una recaudación garantizada: el importe se refiere a una tasa potencial asociada al uso del suelo, y los concursos todavía están en fase de licitación.

La cifra también debe leerse junto al motivo que expone la Administración. Según la documentación de las concesiones, las obligaciones para las empresas reducen la utilidad económica de los centros frente a residencias privadas que no reservan plazas para el sistema público. Un portavoz regional ha defendido que esa cesión representa para la Comunidad un valor superior al de los ingresos por tasas que se dejan de percibir. La cuantía estimada mide una opción de ingreso, mientras que la contraprestación alegada se vincula a plazas y servicios futuros.

La comparación depende, por tanto, de qué costes y beneficios se incluyan y de cómo se valoren durante décadas. La tasa potencial se puede expresar como una suma anual multiplicada por el plazo. El coste o valor de las plazas públicas exige conocer cuántas habrá, qué condiciones tendrán y cuánto habría costado obtener un servicio equivalente por otra vía. Las cifras difundidas no resuelven por sí solas esa comparación.

Un concurso concreto de cinco solares en Madrid

Uno de los expedientes abiertos corresponde a cinco parcelas dotacionales de la capital para construir y explotar un centro de atención a personas mayores dependientes. El proyecto contempla 150 plazas residenciales y 50 de atención diurna. Las ubicaciones que incluye el concurso son:

  • Calle Maquinilla, 28.
  • Avenida de Euro, 37.
  • Calle Aguarón, 23.
  • Calle Bahía de Cádiz, 25.
  • Calle Costa Brava, 54.

El procedimiento es electrónico y está abierto hasta el 10 de noviembre de 2026 a las 23:59. La concesión se plantea por 70 años. La publicación en el portal de contratación identifica cinco lotes, uno por parcela, aunque el objeto conjunto es construir y gestionar un centro con las plazas indicadas. El expediente aún no es una residencia en funcionamiento: primero debe resolverse la licitación, después ejecutarse la obra y, más adelante, incorporarse el servicio.

La licitación forma parte de un despliegue más amplio. El Gobierno regional prevé 40 complejos residenciales y otros 40 centros de día, con 6.000 plazas residenciales y 2.000 diurnas, y una inversión total superior a 500 millones de euros. Para las primeras siete concesiones, la Comunidad calcula que al menos el 40 % de las plazas quedará para la oferta pública regional. El resto podrá atenderse mediante el cheque servicio del sistema de dependencia, de acuerdo con el modelo presentado por la Administración.

Qué puede comprobar la ciudadanía

La cifra de 60 millones resume una estimación de largo plazo sobre las siete primeras concesiones, pero la decisión concreta se consulta expediente por expediente. En el portal público están el objeto de cada concurso, las ubicaciones, el plazo de presentación y los pliegos. Para el centro de cinco solares en Madrid, esos documentos permiten comprobar el número de plazas previsto y la duración del contrato. La contratación permanece abierta, por lo que aún no hay adjudicatario definitivo en ese expediente.

También conviene separar la reserva de plazas de la gratuidad de todos los servicios. Que una parte de la capacidad se destine a la red pública no significa que todas las plazas sean gratuitas ni que cualquier persona pueda acceder directamente. La Administración remite al sistema de atención a la dependencia y al cheque servicio para parte de la oferta. El acceso individual depende de los criterios y trámites de ese sistema, que no se detallan en el contrato de licitación.

La decisión sobre las tasas pone sobre la mesa dos formas de valorar el uso de suelo público: cobrar una cantidad anual o considerar que las obligaciones de servicio constituyen la contraprestación. Para valorar el alcance de cada concesión hacen falta ambas piezas, las condiciones que tendrán las plazas públicas y el cálculo económico que respalda no cobrar la tasa. El dato de hasta 60 millones describe lo que podría haberse ingresado durante el plazo máximo, mientras que el resultado final dependerá de la duración efectiva de cada contrato y del coste real de cumplir las obligaciones previstas.