La Junta de Gobierno de Madrid aprobó el 8 de octubre sacar a licitación un contrato para automatizar el acceso en 50 aparcamientos municipales de residentes. El proyecto prevé cámaras que leerán las matrículas al entrar y salir, barreras automáticas e interfonos enlazados con un centro de control. La aprobación abre el camino a la contratación: no acredita que haya proveedor elegido, obras iniciadas ni lectores instalados.

Un contrato aprobado, pendiente de su convocatoria pública

El presupuesto base de licitación asciende a 1,4 millones de euros. El contrato mixto combina servicios y suministros, se divide en dos lotes de 25 aparcamientos y tendría una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarlo uno más. El Ayuntamiento fija un máximo de siete meses para completar la implantación. Esa cifra expresa un plazo contractual, no una fecha para que los residentes dejen de usar sus llaves o mandos: la nota no fija el comienzo de los trabajos ni ordena las instalaciones por calendario.

La consulta realizada el 9 de octubre en el buscador de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el área municipal responsable y las fechas de publicación del 8 y 9 de octubre, no devolvió un anuncio coincidente con este contrato. Por tanto, el dato comprobable en ese momento era la aprobación de la licitación comunicada por el Ayuntamiento. La búsqueda no permite atribuir un número de expediente público, una fecha límite para presentar ofertas ni una adjudicación a empresa alguna. La nota municipal tampoco detalla qué 50 aparcamientos forman parte de los lotes.

El tamaño del programa ayuda a situar su alcance. Madrid cuenta, según el Ayuntamiento, con 281 aparcamientos municipales de residentes y mixtos y más de 98.000 plazas para residentes. La licitación abarcaría 50 instalaciones, no toda la red. La gestión actual se reparte, según cada aparcamiento, entre empresas concesionarias, comunidades de usuarios y, en menor medida, la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El Ayuntamiento no ha publicado en la nota un listado que permita a cada titular comprobar si su instalación está incluida.

Qué cambiaría para quien tiene una plaza

A 9 de octubre de 2026, cada aparcamiento puede utilizar llaves, mandos u otros controles. La propuesta los sustituiría por un mecanismo que compara la matrícula captada en las entradas y salidas con los vehículos autorizados y activa la barrera para permitir el paso. El objetivo anunciado es mejorar el control de los accesos y facilitar que las personas con derecho de uso lleguen a su plaza, además de ayudar a detectar posibles usos inadecuados.

El cambio descrito es tecnológico y de supervisión. La nota no anuncia modificaciones de las tarifas, de las condiciones de cesión de las plazas ni de los criterios para solicitar una; tampoco pide a los usuarios cambiar ahora la matrícula registrada o realizar un trámite. No se ha comunicado cómo se actualizarán los vehículos autorizados, qué aviso recibirán los residentes antes de sustituir los mecanismos actuales ni qué canal resolverá los problemas de lectura. Esos detalles tendrán que concretarse antes de la puesta en servicio.

El equipamiento incluye cámaras de lectura automática, barreras en la entrada y la salida, interfonos, comunicaciones seguras y el software de gestión. El Ayuntamiento prevé integrar la plataforma con MAPAR, la Plataforma del Dato y otros sistemas corporativos municipales. La información publicada explica esa conexión como parte de la gestión de accesos, pero no concreta plazos de conservación de imágenes o matrículas ni otros detalles de tratamiento. No cabe deducirlos de la aprobación del contrato; deberán comprobarse en la documentación contractual y en las instrucciones que se faciliten a los usuarios.

Atención remota y plazos de respuesta

Los interfonos se conectarían con un centro de control operativo las 24 horas del día, todos los días del año. El pliego, según la información municipal, exige atender al menos el 90 % de las llamadas en menos de 30 segundos. Para una incidencia que no pueda resolverse a distancia, el servicio deberá disponer de asistencia presencial y llegar en un máximo de 45 minutos; las empresas podrán ofrecer un tiempo mejor en sus propuestas.

El sistema también deberá alcanzar una disponibilidad mínima anual del 99 % e incluir mantenimiento preventivo y correctivo. Son condiciones previstas para el servicio contratado, no una descripción del servicio que ya reciben los usuarios. Las cámaras podrán identificar la matrícula, pero el paso dependerá además de que la barrera, las comunicaciones y el centro de control funcionen. El contrato incluye esos componentes y su operación y mantenimiento precisamente para que el acceso y la asistencia no dependan solo de la lectura de una cámara.

El alcance está separado en dos lotes iguales. Esa división reparte el contrato entre 25 instalaciones por lote, pero el comunicado no especifica si una empresa puede optar a uno o a los dos, ni qué empresas concurrirán. Esas condiciones se conocerán en la convocatoria y los pliegos. La aprobación municipal tampoco fija cuál será el primer aparcamiento en recibir el sistema ni cuándo se desplegará cada fase dentro del límite de siete meses.

Qué pueden comprobar ahora los residentes

A 9 de octubre, la información pública disponible identifica la decisión de la Junta de Gobierno, el presupuesto base, la estructura en dos lotes, los principales equipos y los compromisos de atención y mantenimiento. La búsqueda en el perfil del contratante no permitió localizar un anuncio del expediente dentro de las publicaciones consultadas para el 8 y el 9 de octubre. Ese resultado es una comprobación puntual del buscador, no prueba de que no exista una tramitación interna ni sustituye futuras publicaciones.

Hasta que aparezcan el expediente y sus documentos, faltan datos prácticos para los usuarios: la lista de aparcamientos, las fechas de implantación, el proceso de actualización de matrículas y la forma de comunicar incidencias durante el cambio. El Ayuntamiento no ha indicado que el acceso actual vaya a cambiar de inmediato. Para los titulares de plaza, la diferencia esencial es esa: hay un contrato aprobado para licitar un sistema de control, pero no una adjudicación ni un servicio nuevo en funcionamiento.