El Ayuntamiento de Madrid ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en la Comunidad, por una presunta prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. El escrito atribuye a Martín una falta de actuación ante la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre hasta el 3 de noviembre.

La denuncia es la posición jurídica del Consistorio, no una resolución judicial ni una declaración de culpabilidad. El Ayuntamiento sostiene que el entonces delegado podía poner fin a la concentración y que conocía las circunstancias que, a su juicio, justificaban hacerlo. La Delegación del Gobierno respondió que no conocía el contenido del escrito y que no podía valorarlo, aunque defendió que sus decisiones durante la acampada respetaron la legalidad y los derechos fundamentales. Martín publicó además en X que confiaba en el sistema judicial y que, si tenía que explicar su actuación ante la Justicia, lo haría con normalidad. También reprochó a sus críticos que trataran de instrumentalizar la Justicia con fines políticos.

La acusación municipal se apoya en cuatro comunicaciones

La vicealcaldesa, Inma Sanz, explicó que la denuncia tiene 30 páginas y reconstruye las actuaciones municipales y de la Delegación durante las semanas de acampada. Según el Ayuntamiento, se enviaron a Martín hasta cuatro cartas o requerimientos. En ellos se trasladaban informes de la Policía Municipal y de otros servicios sobre objetos que el Consistorio consideraba peligrosos, incidentes, posibles alteraciones del orden, daños en elementos protegidos y los problemas que podría causar una evacuación urgente de la plaza.

Ese material forma parte del argumento del Ayuntamiento para sostener que la Delegación recibió información suficiente y que la falta de intervención no fue una decisión adoptada sin conocer los hechos. La denuncia invoca el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión y jurisprudencia para defender que Martín tenía competencia para actuar. Es una interpretación planteada por la parte denunciante. La presentación del escrito no determina por sí sola cómo debe aplicarse esa norma ni si existió delito.

La acusación se refiere a una posible prevaricación por omisión. El Ayuntamiento atribuye el delito a que, según su versión, Martín no habría utilizado sus competencias para disolver la concentración pese a conocer hechos que consideraba objetivos y relevantes. En esta fase conviene mantener separadas tres cosas: lo sucedido en Sol, la interpretación municipal de las obligaciones del delegado y la valoración que, en su caso, hagan los tribunales.

La cronología municipal señala el 26 de octubre

La protesta comenzó en la Puerta del Sol el 26 de septiembre. Durante ese mes, las cartas y requerimientos trasladaron a la Delegación las objeciones municipales sobre la acampada y reunieron informes de la Policía Municipal y de otros servicios.

El escrito toma como punto decisivo el 26 de octubre. Ese día, según la denuncia, Martín negó que concurrieran circunstancias que justificaran la disolución. El Ayuntamiento compara esa posición con lo sucedido después: la acampada terminó durante la madrugada del 3 de noviembre, cuando ya había cambiado la titularidad de la Delegación del Gobierno. La tesis municipal es que entre ambas fechas no apareció un hecho nuevo, grave y distinto que explicara un cambio de criterio, salvo la salida de Martín del cargo.

La secuencia importa porque enlaza la duración de la protesta con la acusación concreta. El Ayuntamiento no se limita a sostener que la acampada debía concluir antes. Afirma que el responsable de la Delegación conocía los avisos, tenía atribuciones para intervenir y mantuvo su criterio hasta dejar el puesto. Son afirmaciones que la denuncia deberá sostener con la documentación que aporta. La sucesión de fechas, por sí sola, no prueba que la falta de actuación fuera arbitraria ni que se cometiera un delito.

La denuncia municipal llega después de otros pasos judiciales

La acampada ya había generado una disputa entre el Gobierno regional y la Delegación. A comienzos de octubre, la Comunidad de Madrid acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa para que se adoptaran medidas que permitieran desalojar la plaza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 7 de octubre la petición cautelar del Ejecutivo regional. En esa fase consideró que no se había acreditado el periodo de tres meses de inactividad administrativa necesario para apreciar la inacción alegada. Aquella decisión trató la medida urgente durante la acampada, no la denuncia penal que el Ayuntamiento ha presentado ahora.

La Comunidad de Madrid también presentó una denuncia penal propia contra Martín el 30 de octubre. Es una actuación distinta de la registrada por el Ayuntamiento el 16 de noviembre. La denuncia municipal llega después de que la acampada ya haya terminado y presenta su propio relato sobre los requerimientos y el cambio de criterio entre el 26 de octubre y el desalojo. Distinguir las vías evita confundir el recurso administrativo regional, la denuncia de la Comunidad y el escrito de los servicios jurídicos municipales.

El Ayuntamiento ha presentado su denuncia ante los juzgados, pero ese paso no es una resolución sobre el fondo de la acusación. La Delegación sostiene que actuó conforme a la legalidad y Martín ha defendido públicamente su actuación. Ninguna de esas posiciones equivale a una decisión judicial.

Los costes que cita Madrid siguen siendo provisionales

El Ayuntamiento sitúa en torno a 40.000 euros el primer balance de daños y gastos relacionados con la acampada. Sanz desglosó partidas aproximadas para reparar estructuras de toldos, mobiliario urbano y limpiar monumentos como las esculturas de Carlos III y el Oso y el Madroño. El total también incluye los dispositivos de Policía Municipal y los servicios de limpieza. El Consistorio advirtió que la cantidad no está cerrada porque algunas actuaciones podrían requerir trabajos de mayor complejidad.

Durante ese mismo periodo, la vicealcaldesa cifró en unas 300 las multas impuestas por limpieza y consumo de alcohol o drogas. También indicó que el Ayuntamiento seguía tratando de identificar a las personas responsables de daños en la plaza. Esos datos describen el balance municipal de la acampada, pero no prueban la acusación contra Martín ni determinan quién tendría que asumir los costes.

El siguiente dato verificable será la respuesta procesal al escrito. Hasta que se conozca, el caso reúne una acusación municipal, dos defensas públicas y una cronología que las partes interpretan de forma distinta.