Las empresas industriales con actividad incluida en los códigos CNAE-2025 podrán acogerse a un programa regional de eficiencia energética dotado con 30 millones de euros para el periodo 2026-2029. La autorización del gasto se aprobó en el Consejo de Gobierno del 11 de noviembre y se dio a conocer el día 15. La medida puede ayudar a financiar equipos más eficientes y sistemas de gestión de energía, aunque cada empresa tendrá que comprobar que su actividad y proyecto encajan en las bases.

La financiación tendrá dos líneas. Una se dirige a cambiar equipos, instalaciones o procesos existentes por alternativas más eficientes. La otra contempla sistemas para medir y gestionar el consumo energético de las plantas. Para la primera se exige demostrar un ahorro mínimo del 10 por ciento en el consumo de energía final de los elementos afectados.

La convocatoria fijará cuándo se podrán presentar las solicitudes

La Orden 3466/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 28 de septiembre, aprobó las bases reguladoras del programa. El acuerdo posterior autoriza el gasto plurianual de 30 millones de euros entre 2026 y 2029. Son dos pasos distintos: las bases determinan las condiciones generales, mientras que la convocatoria concreta el plazo y el crédito disponible para solicitar las ayudas.

La convocatoria debe aprobarse mediante otra orden y publicarse en el BOCM como extracto. El plazo empezará al día siguiente de esa publicación, según las bases. La autorización presupuestaria y la aprobación de la Orden 3466/2026 no permiten presentar ya una solicitud. La información difundida el 15 de noviembre tampoco anuncia una fecha de apertura. Las empresas interesadas deberán esperar a la publicación de la convocatoria para conocer el calendario concreto y la documentación definitiva.

Las bases prevén tramitar las solicitudes por medios electrónicos. También señalan que cada proyecto debe describir la actuación, su coste y el ahorro energético previsto. La memoria técnica tendrá que comparar la situación inicial con la prevista tras la inversión. Las condiciones de cada convocatoria pueden precisar el procedimiento y el crédito, por lo que conviene consultar la sede electrónica cuando se publique.

Qué empresas pueden optar

La línea está dirigida a pequeñas, medianas y grandes empresas industriales con al menos un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. No basta con tener domicilio o clientes en la región. La actividad debe figurar en los códigos CNAE-2025 incluidos en la Orden 3466/2026. Entre ellos hay industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, textiles, papeleras y metalúrgicas, además de fabricantes de maquinaria, material eléctrico, vehículos y muebles. También se recogen actividades extractivas, suministro de energía y agua, reparación e instalación de maquinaria y gestión de residuos.

Las empresas de servicios energéticos también pueden intervenir cuando ejecuten un proyecto en una planta industrial elegible mediante un contrato de servicios energéticos. En ese caso deben trasladar la ayuda al propietario o a quien explote las instalaciones, y ese titular debe tener una actividad incluida en los códigos admitidos.

La norma incluye condiciones generales para las entidades solicitantes. Deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y declarar las ayudas recibidas para el proyecto. También se excluyen las empresas que estén en crisis conforme a la definición europea o que tengan pendiente devolver una ayuda declarada ilegal e incompatible. Para importes de ayuda superiores a 30.000 euros, se exige acreditar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores en los términos previstos por la legislación de morosidad.

Dos líneas de inversión con requisitos diferentes

La primera tipología financia la sustitución de equipos, instalaciones o procesos existentes, incluidos los sistemas auxiliares que consumen energía, por tecnología de alta eficiencia o por la mejor tecnología disponible. El requisito de ahorro se calcula respecto a la situación de partida y debe alcanzar al menos el 10 por ciento en los equipos, instalaciones o procesos donde se actúe. No se mide como una reducción genérica de toda la factura energética de la empresa. La solicitud tendrá que justificar el cálculo con uno de los métodos previstos en la normativa europea.

Para esta tipología, las bases fijan un coste elegible mínimo de 10.000 euros y máximo de 10 millones por proyecto. Ese intervalo corresponde a la mejora tecnológica de equipos y procesos. La Orden no establece ese mismo rango en el artículo que regula los costes para los sistemas de gestión energética, así que las empresas interesadas en la segunda línea deberán revisar la convocatoria cuando se publique.

La segunda tipología cubre sistemas de gestión energética aplicados a equipos, instalaciones o procesos existentes. Incluye la medición de consumos y los elementos de regulación y control, junto con los sistemas informáticos que permiten analizar y gestionar esos datos. Las bases exigen que el sistema cumpla la norma UNE-EN ISO 50001 sobre gestión de la energía.

La ayuda se calcula sobre el coste subvencionable

Los porcentajes máximos dependen del tamaño de la empresa y se aplican sobre el coste subvencionable, que no equivale necesariamente al presupuesto completo de la obra o de la compra.

| Tamaño de la empresa | Porcentaje máximo general | | --- | ---: | | Pequeña | 50 % | | Mediana | 40 % | | Grande | 30 % |

La diferencia entre el porcentaje máximo para pequeñas y grandes empresas es de 20 puntos porcentuales. La intensidad puede aumentar en cinco puntos porcentuales si la inversión se realiza en una zona asistida que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 107.3.c del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Orden calcula el coste subvencionable a partir de la inversión adicional necesaria para mejorar la eficiencia energética. Si ese gasto se identifica como una parte separada de la inversión, puede computar esa parte. Si no, se compara con una inversión similar menos eficiente que se habría realizado sin la ayuda.

Entre los costes admitidos pueden figurar la redacción de proyectos técnicos, la dirección facultativa, el montaje, el transporte y la asistencia técnica vinculada directamente a la actuación. La obra civil necesaria puede incluirse, pero no superar el 20 por ciento de la inversión elegible. Las bases excluyen, entre otros conceptos, impuestos, mantenimiento y gastos propios de personal o funcionamiento.

Qué preparar antes de comprometer la inversión

Las empresas pueden revisar desde ahora su CNAE-2025 y evaluar si la instalación madrileña donde se ejecutaría el proyecto reúne las condiciones. Para la línea de sustitución de equipos, será necesario justificar consumos antes y después de la actuación y el ahorro final previsto. Para la de gestión energética, habrá que concretar cómo se medirán y regularán los consumos y acreditar la norma aplicable.

La norma establece una condición que puede afectar a las decisiones de compra: los trabajos no pueden haber comenzado antes de registrar la solicitud. Se considera inicio tanto el comienzo de las obras como el primer compromiso firme para pedir equipos u otro compromiso que vuelva irreversible la inversión, según cuál ocurra antes. Sí permite realizar tareas preparatorias que no hagan irreversible el proyecto, como estudios de viabilidad, memorias técnicas o certificados.

Una vez resuelta la concesión, las bases conceden hasta 18 meses para ejecutar el proyecto. El plazo máximo para tramitar y notificar la resolución es de nueve meses desde la entrada de la solicitud. Esos plazos y las reglas generales ya constan en la norma, pero el calendario para presentar solicitudes dependerá de la convocatoria pendiente. Hasta que se publique en el BOCM, la dotación anunciada sirve para conocer el tamaño del programa, no para iniciar el trámite.